La comisión informativa de Acción Territorial celebrada esta semana ha servido, entre otros asuntos, para que los representantes de los distintos grupos políticos presentes en la Corporación provincial hayan podido conocer los detalles de la solicitud de la Diputación de Segovia al Gobierno de España para que declare la provincia como zona catastrófica, tras la sucesión de varias borrascas que ha dejado el mes de marzo. Episodios que han provocado afecciones por buena parte del territorio segoviano. Con diferentes niveles de gravedad, multitud de municipios de la provincia han constatado daños en infraestructuras, con motivo del paso, entre otros fenómenos meteorológicos de Jana y Martinho. Daños materiales que generaban un panorama de emergencia para ser contrarrestados y que alcanzaron equipamientos municipales y también vías de titularidad provincial.

Y es que las borrascas dejaron a su paso una combinación de rachas intensas de viento, fuertes precipitaciones, nevadas, deshielos, desbordamientos de caudales e inundaciones. Un panorama que motivó la actuación de varios equipos de trabajo de la Diputación de Segovia para el corte de algunas carreteras, siempre con el objetivo de preservar la seguridad de los usuarios y teniendo en cuenta que los trazados habían quedado en un estado que impedía el paso.

En concreto, se han detallado tres tramos de carreteras afectados dentro de la red dependiente de la institución provincial, con un coste de reparación estimado que se establece en los 1.821.000 euros. Así, el segmento de casi cinco kilómetros de la SG-V-2511, entre Matabuena y Pedraza, ha necesitado 600.000 euros. La actuación en cerca de cuatro kilómetros de la SG-V-3311, de Bernardos a Armuña, ha supuesto 421.000 euros. Y los trabajos en la SG-V-2117, en los siete kilómetros y medio desde la N-110 a Campo de San Pedro, han costado 800.000 euros. Todo ello para atajar los daños materiales ocasionados por la meteorología adversa.

Igualmente, las consecuencias visibles del paso de las borrascas por la provincia se han extendido por caminos rurales y vías de acceso a municipios, además de otras infraestructuras de titularidad municipal. Una situación que se traduce en que hasta 125 ayuntamientos han trasladado a la Diputación daños en sus términos municipales. Un escenario que justifica esa solicitud al Gobierno de España de la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil. Se trata una situación prevista en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, y que desarrolla el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, y se establece el procedimiento para su concesión. Por eso se solicitan medidas de apoyo en favor de las entidades locales, empresas y particulares afectados por los daños ocasionados en el mes de marzo por el paso de las borrascas Jana y Martinho.

Entre el mas de centenar de consistorios que han trasladado esas afecciones, hay una casuística muy variada. En total, el coste estimado de las reparaciones se establece en los 4.362.573’43 euros. Como ejemplo, se trata de actuaciones que van desde los 1.500 ó 2.000 euros, hasta los 1.600.000 euros que ha estimado El Espinar, por los graves daños en caminos y pistas, así la rotura de tubería en casco urbano, desprendimiento de calzada y arrastre de aceras que rodeó al socavón que se produjo en la travesía de San Rafael y que obligó al corte de la N-VI por ese punto durante varios días. Entre medias, un sinfín de afecciones de distinto nivel, como los 240.300 euros estimados por Otero de Herreros para afrontar los daños en caminos rurales e infraestructuras; o los 132.000 euros calculados por el Real Sitio de San Ildefonso, a raíz de las inundaciones en calles del Caserío de Urgel, los desprendimientos y la rotura de vallas.